La mejor defensa es un buen ataque

La conquista del poder cultural es previa a la del poder político.
Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales
orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación,
expresión y universitarios.
Antonio Gramsci

La vicepresidente electa Cristina Fernández está declarando, mientras esto se escribe, en el juicio oral por la corrupción en la obra pública. Allí está acusada de ser la jefa de una banda que utilizaba el aparato del Estado para desviar fondos hacia los bolsillos de Lázaro Báez (léase, los Kirchner) que cobraba dinero con sobrecostos extraordinarios en obras que incluso, en muchos casos, ni siquiera se hacían.

Las pruebas obrantes en los expedientes son abrumadoras, contundentes. Las pericias completadas por profesionales intachables muestran una grosería pocas veces vista en las acostumbradamente vapuleadas arcas del Tesoro que fue el botín preferido de la corrupción política histórica de la Argentina.

Lo que ocurrió fue que los Kirchner rompieron todos los moldes y todos los límites de lo que se conocía hasta ahora. Fue tan desaforado su robo que lo que hoy tienen enfrente los jueces en contra de la Sra. Fernández es tan rotundo e inapelable que no cabe otra conclusión que la condena.

¿Cuál era una de las pocas esperanzas que le quedaban a la jefa de la banda, como también -seguramente- a los demás secuaces? El montaje de una escena de “persecución política” orquestada por una asociación siniestra entre el periodismo, los jueces, el gobierno y las corporaciones para hacerle morder el polvo a una líder popular, por el simple hecho de ser, justamente, una líder popular.

La arquitectura jurídica que sostiene esta maniobra es la llamada “lawfare”, un término de origen norteamericano que inicialmente fue utilizado por los militares acusados de violaciones a los códigos de la guerra en sus incursiones en Medio Oriente y que se vieron envueltos en causas penales por ese motivo. Ellos adujeron que se había emprendido una “guerra judicial” contra ellos por el mero hecho de haber defendido a su país.

El criterio fue “robado” -si se me permite la ironía- básicamente por el conjunto de líderes corruptos de América Latina, reunidos por Castro y Lula bajo el llamado Foro de Sao Paulo, para insinuar que contra ellos se había montado un gigantesco operativo de persecución -motorizado por la prensa, los jueces y las corporaciones blancas y ricas- para evitar que los líderes negros, pobres, indígenas y sobre todo “populares”, lleguen al poder para representar y defender al verdadero pueblo. Cristina Fernández se anotó allí primera en la lista.

Al grito de “esta es la mía” acusó a los demás de hacer lo que siempre intentó ella: el desiderátum gramsciano de infiltrar todas las usinas de difusión cultural para cambiar el sentido común medio de la sociedad y, con ese lavado de cerebro concluido, permitir el acceso del marxismo al poder.

Siguiendo ese modelo, Fernández no estaría ahora en el banquillo de los acusados sino en el banquillo de las víctimas. Ella no es la jefa de una banda de ladrones comunes suyo plan fue apoderarse del Estado para, desde allí, tener acceso a cifras de robo que nunca podrían obtener en el “sector privado” de la delincuencia, sino una “víctima” de los poderes concentrados que quieren impedir que una líder popular acceda al poder para defender a los que menos tienen. Ella es la víctima de un sistema de poder blanco y rico que tiene por objetivo sojuzgar al pueblo e impedir que sus verdaderos representantes lo gobiernen. Se trata de la misma lógica que intentan argumentar Lula, Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro. La idea es machacar gramscianamente ese mantra hasta que la gente lo crea.

Fernández tuiteó ayer que “en la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático”

Más allá de que Fernández no logra hilvanar tres frases seguidas sin utilizar las palabras “articulación”, “hegemónico” y “sistemático” -lo cual permite sospechar la existencia de un libreto armado, como en un antiguo cassette, que se va adecuando a las necesidades puntuales pero que siempre conserva la misma base- el argumento en sí es tan pobre que no hace otra cosa que confirmar el escaso vuelo intelectual y la muy básica formación de su autora. Dicen que no hay ser más ridículo que el que dice burradas con aire doctoral, pero bueno eso daría tema para otra columna.

Lo cierto es que la realidad desmiente a Fernández y toda la construcción cae por irreal y disparatada. En efecto, Fernández habla de que este “lawfare” está sucediendo en Argentina y en “el resto de América Latina”. Sin embargo parecería que los autores del “plan sistemático” han olvidado perseguir a líderes “populares” como Pepe Mujica, Ricardo Lagos, Tabaré Vázquez y Michelle Bachellet. Salvo que Fernández considere que todos ellos forman parte de la conspiración blanca que tiene por objetivo destruir a los pobres.

¿No será que esos líderes no han sido molestados por el “lawfare” porque no robaron? ¿Y no será que los que se dicen “perseguidos” en realidad son chorros?

Otra afirmación caprichosa de Fernández consiste en crear la categoría de los llamados “líderes de los gobiernos populares y democráticos”. Macri, por ejemplo, o Piñera o Duque ¿no son líderes de gobiernos populares y democráticos? Porque hasta donde yo sé se impusieron en elecciones libres en donde votó el pueblo democráticamente. ¿O “democrática y popular” es solo ella porque pertenece a la raza mestiza y pobre? ¿O “democracia” solo hay cuando gana un negro, un mestizo, un indígena o un político que convence a los demás que es eso, aunque sea multimillonario, blanco y español?

Fernández dijo en su declaración que “este gobierno llegó con el auxilio invalorable del aparato judicial”. Es decir, el pueblo no votó libremente, como cuando la vota a ella, sino llevado de las narices por los jueces y los periodistas.

Obviamente todo reo tiene el derecho de echar mano a cualquier argumento para defenderse. Pero en este caso estamos asistiendo a un formidable retorcimiento de los hechos, a tal punto, que la práctica por antonomasia de la acusada mientras fue presidente -esto es, difundir mentiras hasta que la gente las crea- se ha convertido ahora, paradójicamente, en su exclusiva arma de defensa, diciendo que eso, precisamente, es lo que los demás le hicieron a ella. ¿No es extraordinario?