La Justicia debe dar respuestas urgentes

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El fiscal Marijuan esta encabezando, mientras esto se escribe, un megaoperativo de allanamiento a propiedades de Lázaro Baez en la provincia de Santa Cruz. Dichas propiedades fueron señaladas, en su declaración como testigo protegido, por Leonardo Fariña el martes pasado. Allí se acompañaron incluso fotografías de alguno de esos lugares en donde, según el relato del arrepentido, había bóvedas en las que durante algún tiempo se guardó el dinero robado al Tesoro Público.

A su vez dichas propiedades habían estado en el candelero público desde hacía al menos cuatro años ya que más de una publicación periodística había dado cuenta de ellas con suficiente detalle.

El juez Casanello recién ahora dispone esta pesquisa. Qué podrá encontrarse allí, habiendo dado la Justicia todo este tiempo de ventaja a los delincuentes, no se sabe.

Lo que sí es completamente seguro es que todo este proceder parece un chiste. Lo único que falta es que al no encontrar nada, ahora digan “vieron que Lázaro es inocente: no había nada”.

La actuación de los jueces involucrados en las investigaciones contra el clan Kirchner es francamente vergonzosa. Casanello, que se ha mostrado velocísimo para investigar los hechos de consumo de drogas en Costa Salguero, ha sido prácticamente un encubridor de los imputados en la causa por la ruta del dinero K.

Llevaba el expediente con una notoria demora hasta que el video de La Rosadita, con la obscena escena de parte de los acusados contando más de 5 millones de dólares, lo puso en evidencia y algo tuvo que hacer. En ese contexto recibió a Fariña, pero sugestivamente permitió que su declaración se filtrara a la luz pública y no se movió con prontitud respecto de la catarata de datos que aportó el valijero.

La Cámara lo apuró (mandándolo incluso a recuperar parte del botín) y en ese contexto dispuso los allanamientos de hoy, pero con el retardo que mencionamos y cuando todas las propiedades sospechadas estaban en las pantallas de televisión desde hacía 48 hs.

¿No debería ser sancionado Casanello? Si puede seguir tranquilo por la vida, como si hubiera hecho todo bien, ¿no estaría dando la Justicia una pésima señal a la sociedad? Me parece que la respuesta es obvia.

Otro juez, Daniel Rafecas, hace siete meses que recibió la causa Hotesur –extirpada de las manos de Bonadio cuando éste mandó a allanar las oficinas de Máximo Kirchner en Santa Cruz- y no movió ni una hoja de papel.

La abundante documentación traída desde el sur (aun cuando se sospecha que los Kirchner pudieron retirar mucha más antes que el operativo en Rio Gallegos fuera finalmente habilitado luego de tres horas de espera por la jueza local que había recibido el exhorto de Bonadio) duerme en un cuarto de la gendarmería sin que el juez le preste la menor atención. ¿Seguiran esos papeles, discos rígidos, pen drives y demás archivos allí o alguien ya los habrá inutilizado?

Durante el tiempo en que las fuerzas federales y de la policía metropolitana tuvieron que esperar en la puerta de la inmobiliaria de Kirchner, varios empleados retiraron bolsos que cargaron en el baúl de un auto y se los llevaron. Esa escena esta filmada. Nadie actuó en consecuencia.

La llamada “ruta del dinero K”(obra pública sobrefacturada por Baez, las bóvedas y las cuentas off shore que armaron Perez Gadín, Chueco y Rossi) tiene una conexión necesaria con la causa Hotesur en la que se investiga cómo los cuartos de hotel de Cristina Fernández eran alquilados y pagados por Baéz aunque nunca los ocupara nadie.

Sin embargo esta conexión de hecho no aparece reflejada en una investigación judicial global que unifique toda la operatoria y demuestre la alianza para saquear el Estado que había constituido Kirchner con Báez.

A su vez, ese modus operandi aparece repetido en otras muchas áreas de la gestión del Estado, como lo demuestra la reciente denuncia de la diputada provincial de Jujuy Mabel Balconte, que relató cómo parte de los dineros que el gobierno de los Kirchner le daba a la organización Tupac Amaru de Milagro Sala, volvía a Olivos en la forma de bolsones de plata para Máximo Kirchner, “el principito”.

Lo que vamos teniendo enfrente entonces, es la constitución de una sociedad madre formada para robar los dineros del Tesoro Público a través del armado de distintas subsociedades que operaban en distintos frentes: con la obra pública (Báez), con los planes sociales (Sala), con los transportes (Jaime), con la energía (De Vido, López), etcétera.

Si esta ingeniería, muy hábil y sofisticada en la teoría, pero llena de chapucerías en los hechos (desde el cuadernito de Néstor hasta la farandulización de Fariña) no es correspondida con una investigación omnicomprensiva , responsable y limpia por parte de los jueces, hay muchísimas posibilidades de que, una vez más, los responsables se salgan con la suya y -en este caso- no solo se salgan con la suya sino que produzcan un regreso político rodeado de una gloria parecida a la que suele acompañar a las víctimas redimidas.

Los resortes de superintendencia que tiene la Justicia respecto de los jueces de primera instancia deberán estar muy atentos a cómo éstos manejan estos casos. Y por supuesto esa tarea de vigilancia debe implementarse sin caer en una demora semejante a la que se opera en primera instancia. Concretamente: Casanello y Rafecas no pueden continuar sin que sean advertidos públicamente por la Cámara Federal y ésta no podría evitar poner los pliegos de los jueces a disposición del Consejo de la Magistratura para su juicio político si no recibe respuestas prontas y satisfactorias.

La sociedad, que saca conclusiones por la aplicación del sentido común, no puede entender cómo las cosas en la Justicia funcionan de un modo tan alejado a ese criterio. Es preciso que los jueces junten de una vez los tiempos de los procedimientos judiciales con los tiempos del sentido común medio de la sociedad. De otra forma, las excusas de los “tiempos procesales” no serán interpretados por la gente de otro modo que no sea el de un pretexto para extender un nuevo salvoconducto de impunidad.