La estupidez de la sociedad

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¿Se puede o no se puede actuar frente a los piquetes? Claro que se puede. Con las leyes vigentes, sin introducir ninguna modificación ni agregados, esta plaga nacional puede enfrentarse dentro del Estado de Derecho y respetando las garantías de todos.

¿Por qué no se hace? Porque la Argentina es el único país democrático que ha decidido no aplicar las normas de la democracia para que los derechos de todos puedan estar resguardados.

Tampoco se ha preocupado por constituir una fuerza especializada y profesional entrenada para disolver estas manifestaciones fascistas que no tienen por finalidad reclamar la vigencia de ningún derecho sino solamente generar caos, desorden, impaciencia y mal humor social.

La mayor prueba de su burda falsedad es su concentración en el mes de diciembre. ¿Qué ocurre?, ¿todos los derechos se desconocen en diciembre?, ¿todos los motivos del mundo que existen para protestar se juntan en diciembre? Es tan grosera esta simple verificación que no es necesario decir nada más para demostrar la falsedad de todos estos reclamos y la afirmación de que todos ellos están detrás de otros objetivos en donde no tienen nada que ver los pobres, ni las carencias, ni las injusticias.

Esa mentira debería ser un motivo más que las fuerzas que representan la legitimidad democrática actúen sin complejos en la remoción de estos grupos que solo apuestan a reemplazar por el ejercicio de la fuerza el apoyo que no logran en las urnas.

En efecto, da la enorme casualidad que una gran parte de quienes cortan las calles, encapuchados y blandiendo armas, no consiguen más que cinco votos locos en las elecciones: nadie les da pelota, todo el mundo los ignora, pero resulta que se dan el gusto de someter por la fuerza a toda una sociedad que no se atreve a enfrentarlos con la ley.

También hay que decir que anidan en la Argentina fuertes signos de hipocresía que atentan directamente contra la idea de que la gente viva ordenadamente de acuerdo a una ley común. En efecto, no han faltado voces -frente a ocasiones en donde excepcionalmente alguna fuerza del orden haya actuado- que sectores de la sociedad, como periodistas, políticos y personas pertenecientes a asociaciones de derechos humanos han hablado de “represión”, dándole al término un significado poco menos que relacionado a la dictadura militar.

Estos comentarios tilingos, propios de personas que adoptan un rol, que desempeñan un papel, naturalmente suman a la hora de que las fuerzas de la ley hagan sus cálculos antes de actuar.

Del mismo modo, la Justicia se ha expresado en fallos en donde quienes han querido restaurar el orden público y el libre tránsito han terminado en el banquillo de los acusados y los que cometieron los delitos, libres y envalentonados.

No hay dudas que cierta fuerza física debe ejercerse para desalojar a los que ocupan la vía pública: llega un momento en que las palabras deben transformarse en acción. Pero lo importante aquí es que las fuerzas que actúen sean las que representan el poder democrático y que lo hagan en cumplimiento del orden legal vigente. No puede ser que la Argentina sea el único país que, frente a hechos como estos, esté encerrada entre solo dos alternativas: matar o lastimar gente por la calle para restaurar el orden o dejar que cualquier grupo privado se apodere del espacio público.

La civilización hace mucho tiempo que encontró decenas de opciones intermedias. Naturalmente la primera es que la enorme mayoría social está conteste alrededor del punto de que nadie puede tomar por la fuerza y para sí mismo el dominio de las calles. Frente a ese hecho las fuerzas democráticas del orden, con la legitimidad de acción que la sociedad les endosó, deben actuar.

El segundo tema es que, cuando esas fuerzas actúan nadie las agrede ni de hecho ni de palabra, sino que todos apoyan el hecho de que el orden y el libre tránsito hayan sido restaurados.

El tercer punto es que, efectivamente, esas fuerzas están capacitadas para actuar y lo hacen a partir de una expertise profesional que asegura el logro del objetivo con el respeto absoluto por la ley y las garantías individuales.

La cuarta cuestión es que la sociedad está bien lejos de la mojigatería barata y “cool” de asumir una pose y protagonizar un rol “vanguardista” cuando lo único que se pretende es que la situación de violación del orden jurídico cese.

La enorme confusión que impera en la sociedad argentina respecto de estos temas (que en muchos casos incluso tiene influencia en lo que está pasando a nivel de la seguridad pública) es la que impide que se actúe sobre el problema. De nuevo: no existen impedimentos para que con las leyes vigentes los piquetes no puedan ser enfrentados; es solo el grado de estupidización que se ha apoderado de vastos sectores sociales -empezando, en muchos casos, por cierta prensa- la que frena la acción de las fuerzas democráticas.

Esa estupidización es la que ha impedido también que, dentro de esas fuerzas, se entrenen cuerpos especiales para enfrentar estos fenómenos propios de las sociedades de masas: si quienes pudieran participar de esa elite van a ser escrachados por una opinión publicada tendenciosa, es lógico que todos muestren reparos en preparar e integrar dichas fuerzas.

Por este camino de “poses” e hipocresías, que muchas veces permiten el ejercicio de prácticas sediciosas y prerevolucionarias, la sociedad no verá resuelto este problema. Y al contrario, quienes sacan ventaja de esa estupidez estarán en condiciones de aumentar su amedrentamiento y sus amenazas.