La decisión de Bonadio

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El juez Bonadio ha dispuesto el procesamiento y prisión preventiva de todos los implicados en la denuncia original del fiscal Nisman sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán, que incluye la acusación de traición a la patria.

Respecto de otros protagonistas secundarios dispuso el procesamiento sin prisión preventiva. En el caso de la Sra. Fernández pidió el desafuero al Senado.

Más allá del impacto que esta novedad implica para la Argentina, es necesario ser cuidadoso con el análisis. En primer lugar resulta particularmente sugestivo que el juez haya dictado esta medida después de que la ex presidente se hubiera asegurado sus fueros parlamentarios.

Fernández acumula decenas de causas con razones suficientes para estar presa. Sin embargo, esa condición fue esquivada una y mil veces antes de las elecciones del 22 de octubre.

Se trata de una primera nota que salta con demasiada evidencia a la vista. Esa acotación nos recuerda que, más allá de los nuevos vientos de normalidad que parecerían cruzar el país a partir de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, gran parte de las costumbres argentinas sigue vigente y esa dependencia jerárquica que lo jurídico parece tener respecto de lo político no tiene ganas de desaparecer así como así.

Ese jugueteo que los jueces permanentemente hacen según sea la dirección del viento le impide al país convertirse en una república seria, sana y estable.

Ningún juez se atrevió a poner en tela de juicio el Memorandum mientras el poder político que tuvo la fuerza para firmarlo estaba en la cumbre de su apogeo. Ese era el momento de hacerlo para que quedara en claro que las instituciones funcionan en la Argentina. Todo el mundo bajó la cabeza y el fiscal de la causa terminó con un tiro en la cabeza.

La investigación de su muerte se convirtió en otro aquelarre propio de una república bananera, con una fiscal que estaba más para ir a hacer los mandados a la feria que para encabezar una investigación de semejante magnitud.

Con la llegada de Cambiemos al gobierno muchas causas (entre ellas la de Nisman que directamente había sido archivada) comenzaron a acelerarse y muchas personas a quedar procesadas y hasta detenidas preventivamente. Por muchísimas razones hoy puede concluirse que no existen evidencias de ninguna intervención del poder ejecutivo sobre los jueces en la marcha de estos procesos. Pero parecería que el país ha llegado a un umbral de dependencia de lo jurídico respecto de lo político que esas acciones expresas ni siquiera son necesarias: el solo hecho de que los jueces vean que el viento político cambió es suficiente para que empiecen a hacer lo que antes retardaban.

¿Quiere decir esto que está mal que Fernández y sus secuaces vayan presos? No, todo lo contrario, lo que está mal es que no hayan ido presos mientras ejercían el poder.

El Memorándum de Entendimiento ha sido una afrenta para el país, para su política exterior y para su relacionamiento con el mundo. Embarcada como estaba la Argentina en una aventura populista delirante que creía que el mundo iba a estar en manos de países como Venezuela e Irán, una presidente solo guiada por el resentimiento y la ceguera ideológica pero sin la más mínima  formación profesional para decidir cuestiones tan cruciales, se avanzó por despecho hacia un abismo de oprobio que no podía terminar sino como terminó.

Pretender transformar a los acusados del crimen más grande de la historia argentina en inocentes fue el objetivo final de aquel acuerdo. Y lo motivos de semejante decisión no deben buscarse más que en la infradotada visión de creer que, con eso, se “enojaba” a los “poderosos” del mundo, poniendo a la Argentina una vez más en el lugar de los “rebeldones sin causa”.

Si bien consta que el gobierno de Macri no tuvo que ver en la decisión de Bonadio, desde hace mucho que se sospecha que puede haber deslizado su preferencia por la libertad de Fernández para que su camino electoral se alivianara: con la reina del delirio libre y abriendo la boca todo sería más fácil en la tarea de ganar las elecciones.

Si eso llegara a ser así tampoco hablaría bien de la salud republicana de esta nueva etapa de la Argentina. La independencia del poder judicial es el vértice principal sobre el que se asienta la verdadera república. Si los jueces (ya sin que sea necesario siquiera que haya un caudillo al frente del ejecutivo) van a decidir de acuerdo a la preeminencia de la política sobre el Derecho estamos fritos.

Esa independencia hace rato que debió ponerse encima de la mesa, como los hombres juegan sus atributos cuando las papas queman. La pusilanimidad judicial está en la base de nuestra decadencia. Los jueces no han podido elevarse sobre la media de la personalidad nacional que, de por sí, tiene bastante de pusilánime, siempre buscando la sombra confortable del poder para intentar zafar o vivir mejor al calor de la protección oficial.

La banda de delincuentes que gobernó el país desde 2003 hasta 2015 hace rato que debió dar cuentas de sus actos a la Justicia. Su jefa hace rato que debe de estar entre rejas. El hecho de que su prisión preventiva sea pedida una vez que consiguió los fueros (con todas las dificultades que sabemos se tendrán para removerlos) me hace ver todo este espectáculo con cierta incredulidad, como si supiera que no estamos frente a la revolución moral que finalmente dará vuelta a la Argentina como una media sacándola de tanta bajeza y tanta podredumbre.