La banda existía antes

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El juez Bonadío acaba de procesar a Cristina Fernández, a sus hijos, Máximo y Florencia, a Lázaro Báez y a Cristóbal López en la causa conocida como ”Los Sauces” por considerar que se trataba de una asociación ilícita que lavaba dinero y que a través de sus integrantes incurría en funciones incompatibles con cargos públicos.

Obviamente se trata de una acusación muy grave (es el tercer procesamiento de Fernández) que incluso hubiera justificado la detención de los imputados porque el delito no es excarcelable. Bonadío, aunque prohibió la salida del país de todos los acusados, consideró que no había riesgo de fuga y les permitió seguir en libertad.

Pero hay aquí un detalle muy importante para destacar. De la extensa resolución del juez (fueron 392 páginas) parecería surgir el criterio de que la banda se armó para aprovechar las oportunidades que le daban los cargos que ocupaban y que una vez en el poder, comenzó a funcionar.

Eso es discutible. La banda venía operando ya en Santa Cruz bajo la jefatura de Néstor Kirchner y desde allí delineó un plan para acceder al poder; un poder que le daría la posibilidad de hacerse de fortunas que nunca podrían alcanzar delinquiendo en el sector privado o en el sector publico provincial. Ni aunque robaran los 25 bancos más grandes del país o hubieran permanecido 50 años en el poder de Santa Cruz, la banda podría haber robado los miles de millones que le posibilitó robar el hecho de haberse apoderado del Estado nacional.

El plan fue diseñado prolijamente y, aunque tosco y elemental en su funcionamiento, posibilitó que una enorme fortuna pública aportada por los ciudadanos con sus impuestos fuera desviada a los bolsillos privados de los integrantes de la banda mediante operaciones simuladas en donde los enormes fondos de la obra pública y de otras operaciones del Estado fueran “devueltas” a las arcas de la asociación ilícita mediante operaciones también inexistentes o sobrevaloradas como alquileres, contrataciones de servicios etcétera, etcétera.

Es decir, la gran diferencia de apreciación aquí es que la banda de delincuentes procesados en la causa no se hicieron delincuentes para aprovechar sus funciones sino que alcanzaron sus funciones para ampliar el espectro de su delincuencia.

La empresa Austral Construcciones, fundamental en toda la operatoria de la banda, fue constituida un mes antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia de la nación. Existía una premeditación de cómo se iban a hacer las cosas a partir de allí.  El ganar las elecciones (o mejor dicho, el acceder al poder, porque las elecciones no las ganaron: la presidencia le fue entregada a Kirchner como consecuencia de que Carlos Menem se negó a participar de la segunda vuelta electoral) fue parte del plan delictivo y no al revés.

El acceso al poder nacional era la llave que la banda buscaba para salir del chiquitaje provincial. Solo las dimensiones de dinero que maneja el Estado Nacional y la laberíntica estructura de su burocracia le permitirían tener acceso a fortunas que ningún defalco “privado” o de alcances provinciales les daría.

Esto es, el país estuvo gobernado por un conjunto de señores, primero al mando de un jefe y luego al mando de una jefa, que usó el gobierno y el poder para robar, que era el objeto específico de la asociación que integraban. El poder no los corrompió, ellos ya estaban constituidos premeditadamente como una banda delictiva que vio en las ropas de la política el disfraz perfecto para acceder al tesoro mayor.

Se trata de una diferencia sutil pero importante a la hora de merituar qué es lo que ha ocurrido en la Argentina. Porque, efectivamente, una cosa es que unos cuantos funcionarios “aprovechen la volada” de sus cargos hacerse de algunos millones y otra es que un conjunto de delincuentes se haga del poder de la república para robar dimensiones de dinero que ninguna otra actividad les daría.

Obviamente el botín era demasiado grande y demasiado dulce como para no estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conservar sus posiciones.

Y en ese “cualquier cosa” entraron el uso trucho de los derechos humanos,  la exacerbación del nacionalismo populista, la generación de la división de la sociedad (en lo que luego fue conocido como “grieta”), la compra de voluntades, el clientelismo, el empleo público desaforado, el apriete al sector privado, el populismo tarifario, el rifar literalmente las fuentes de energías no-renovables, la extorsión al campo, en fin, toda la pléyade de disparates que nos condujeron a una verdadera catástrofe encubierta.

Sería interesante que, además de que la causa adquiera los ritmos y los tiempos que tienen, por ejemplo, las causas por corrupción en Brasil, se desarrollara, en el curso de la investigación, ésta tesis de la preexistencia de la banda delictiva.

La Justicia contribuiría de ese modo a que la sociedad se dé cuenta a quién le entregó el poder durante tantos años: a un conjunto de delincuentes que, ahora, no dejarán herramientas por usar con tal de volver a ocupar los lugares desde donde perfeccionaron el más grande defalco público que la Argentina conoció desde 1810.