La Argentina anómica

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Dos hechos que tuvieron como protagonista a la Justicia sacudieron la atención de la información ayer: lo que ocurrió en La Plata con el fiscal Cartasegna y el fallo de la CSJ que aplicó el 2×1 en un caso por crímenes de lesa humanidad.

En cuanto al hecho que ocurrió en la capital de la provincia la sociedad mira absorta como un hombre que había sido amenazado tan solo unos días antes es agredido en su propio despacho, es lastimado, amordazado y aparece atado con cables en sus manos y en su cuello.

El hecho derriba de un solo golpe dos mitos “tranquilizadores” que se repiten como loro cuando de hechos de inseguridad se trata: “el que amenaza no concreta” y “perro que ladra no muerde”. Aquí concretaron y mordieron. Cartasegna tenía entre sus casos episodios de corrupción policial y el sábado anterior había recibido mensajes amenazantes que le auguraban un futuro igual al de Alberto Nisman.

Ayer, luego de la agresión, quien la perpetró escribió con azúcar el en piso de su oficina la palabra “Nisman”. Más allá de lo acontecido con Cartasegna, no hay dudas de que todos estos elementos constituyen una confesión indirecta que el fiscal especial del caso AMIA fue asesinado por imputar a la ex presidente Fernández de encubrir criminales que atentaron contra argentinos y por querer disimular ese hecho con la firma de un mamarracho con el pomposo nombre de “Memorándum de Entendimiento con Irán”.

La existencia de mafias operativas en la Argentina a las que el presidente se refirió con sugestiva asiduidad en las últimas semanas, va quedando confirmada por la fuerza de los hechos.

En materia policial esa descomposición es evidente: el nuevo jefe de la policía de la Ciudad esta preso; Cartasegna que investigaba agentes corruptos es amenazado y agredido de hecho; la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires debe vivir en una base militar para su propia seguridad.

A su vez la sociedad ha perdido todo respeto por la policía y por la institución policial. En el bajo mundo matar policías es considerado una suerte de cucarda que amplía el margen de peso de los delincuentes dentro de una banda. Muchos policías son asesinados como perros sin que ocurra nada.

Desentrañar esta maraña es complicado. El poder ejecutivo naturalmente debería encontrar en la policía el brazo armado legal que le permita ejercer aquello que lo define como Estado de Derecho: el monopolio del uso de la fuerza. Pero la policía es una institución en la que no se puede confiar; no se puede ni siquiera saber si el custodio que le pongo a un funcionario es el primer eslabón de una cadena que termine matándolo. Algo de eso puedo haber ocurrido con el propio Nisman.

La Justicia a su vez, está amenazada e infiltrada. Amenazada por las mafias que son objeto de sus investigaciones e infiltrada políticamente por el kirchnerismo a través de Justicia Legítima.

Los legisladores basculan entre las demandas de la sociedad y una ideologismo trucho que aunque reincidentes consuetudinarios maten a inocentes como moscas, se niegan a terminar de legislar para derogar esas normas que les permiten andar sueltos por la calle.

En fin, síntomas muy graves de una profunda degradación son los que vemos todos los días en el país. Una degradación que empezó hace más de medio siglo que cobró un envión sin par en la última década.

 

Respecto del fallo de la Corte, las opiniones aparecen tan divididas como dividido fue el fallo. En efecto mientras Highton, Rozenkratz y Rosatti votaron a favor de la concesión del beneficio. Lorenzetti y Maqueda lo hicieron en contra. Algunos argumentan que el principio de igualdad ante la ley obliga a conceder los mismos beneficios antes iguales circunstancias legales. Otros dicen que precisamente, las “circunstancias legales” no son las mismas porque los delitos de lesa humanidad son de una naturaleza diferente a los delitos comunes.

Obviamente el fallo tiene una importancia relativa respecto del beneficiado puntual en este caso, dado que el Sr Muiña no era, en el mundo de los represores, ni un jerarca ni un tomador de decisiones. Estaba sentenciado, incluso, a una pena relativamente corta de 13 años de prisión.

Pero lo importante aquí son las consecuencias que el antecedente puede tener para otros militares -Muiña no era militar sino policía- que están cumpliendo penas privativas de la libertad y respecto de los cuales, incluso, por razones de edad o de salud, ya  se han intentado otros caminos para conseguir su liberación o, al menos, su detención domiciliaria.

Resulta evidente que las defensas de esas personas van a presentar una catarata de pedidos de aplicación del 2×1 para sus clientes apoyados, justamente, en este antecedente.

Pero el tema aquí me parece que es más profundo y que tiene  que ver con una decisión social que la Argentina deberá tomar en algún momento respecto de su pasado.

La Iglesia ha propuesta un dialogo de reconciliación entre los militares y los familiares de los desaparecidos. Hasta ahora ha recibido de parte de éstos últimos una respuesta contundente: “no hay dialogo, ni reconciliación posible con quienes desaparecieron a nuestros hijos”.

El problema es, justamente, que del otro lado también hay miles de víctimas que fueron secuestradas, torturadas y muertas, destruyendo familias enteras, por la acción de grupos que se creían iluminados y elegidos simplemente por ser “jóvenes maravillosos”.

Mientras el país no reconozca ese doble estándar y no asuma la historia completa de lo que ocurrió aquí, la Corte podrá emitir fallos más o menos discutibles, pero lo que no se resolverá nunca es el enigma profundo acerca de si la sociedad argentina podrá ser finalmente eso “una sociedad” o estará condenada a ser un conjunto amorfo de seres humanos que pisan la misma tierra y que “hacen que obedecen” un mismo orden, pero que en realidad viven cada uno de acuerdo a normas que se dan a sí mismos y tratando de imponerse los unos a los otros por el uso de la fuerza y de la violencia.