Inocencias caras

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El juez de Mar del Plata Alfredo López, que está investigando los piedrazos al auto del presidente Macri y de la gobernadora Vidal, amenazó con renunciar dado que según él “es imposible trabajar con gente que está obstaculizando de forma delictual la tarea”.

El juez viene sosteniendo una abierta disputa con el fiscal general Daniel Adler a quien calificó de “caradura” por su actitud en esta causa y, a la vez, presentó un escenario similar respecto de los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Cziziki.

Es interesante saber, en este sentido, que López recibió amparos judiciales en 2014 contra la suba de tarifas en servicios públicos que en ese momento habían intentado establecer Fernández y De Vido. El juez en ese momento concedió la protección judicial a los presentantes, pero luego debió echarse atrás cuando la Corte declaró que esos actos del poder ejecutivo no eran judiciables.

En ocasión de las decisiones tarifarias del gobierno de Macri, López volvió a recibir amparos en su jurisdicción a los que, siguiendo la doctrina marcada en aquella ocasión por la Corte, consideró “no judiciables” y los rechazó.

Hoy López se muestra sorprendido por el cambio de posición del máximo tribunal que avaló los aumentos de De Vido hace dos años y puso un freno a los de Macri ahora. Cuando se le preguntó si esa situación no le parecía extraña, el juez respondió: “si, muy extraña”.

Ese mismo juez denunció un plan sistemático de desestabilización al gobierno de Cambiemos y que su jurisdicción “está sembrada de fiscales y militantes K de Justicia Legítima” que impiden y obstaculizan cualquier investigación.

El juez dijo que lo que ocurrió en Mar del Plata fue una especie de materialización de otros hechos que venían en el plano de las palabras y que habían tenido como protagonistas a Fernando Esteche, a Luis D’Elía, a Hebe de Bonafini, a la propia Cristina Fernández que vienen alentando escenarios de sedición y de rebelión contra el gobierno nacional. Para López quien coordina ese accionar es la ex presidente. 

López se preguntó si alguien había escuchado a Fernández condenar estos hechos o si alguien conocía alguna declaración suya defendiendo las instituciones.

El Juez cree que el plan de desestabilización es la continuidad del plan para saquear al Estado que se puso en marcha durante la década kirchnerista y que ahora necesita abroquelarse en la Justicia para defenderse.

Mientras un miembro del poder judicial se manifiesta de esta manera, las amenazas materiales y de palabra al presidente y a la gobernadora aumentan. Se trata del típico tufillo peronista que ocurre cada vez que a los argentinos se les ocurre darle una oportunidad a un gobierno no-peronista.

Lo sufrió en presidente Alfonsín que de buenas a primeras se vio jaqueado por una oleada de amenazas de bombas a colegios que terminó en el muy manejado asunto de disponer el arresto de doce personas a disposición del PE, sin declarar previamente el Estado de Sitio.

En aquella oportunidad, con el país saliendo de la dictadura, había toda una aprensión con cualquier cosa que tuviera que ver con la restricción de los derechos constitucionales y el presidente se apresuró a tomar aquella medida fuera del marco previsto por la Constitución.

Era lo que buscaban los ladinos que querían jaquearlo. Es más, el presidente, luego de un par de semanas tuvo que declarar el Estado de Sitio, con todo lo que eso significaba en términos de imagen y costo político para quien había sido el adalid de los derechos y del regreso a la plena vigencia de los derechos individuales.

Obviamente qué se puede decir de lo que le ocurrió a De La Rua, que fue víctima –más allá de sus propias torpezas- de un verdadero golpe institucional civil provocado, sin dudas, por el peronismo.

Más allá de que no son pocos los que recomiendan no darle entidad a las amenazas para no atribuirle, justamente, un protagonismo maquiavélico a los que están detrás de estas operaciones, no cabe duda que, en silencio, sin que la sociedad lo tenga en la primera plana de los diarios, el gobierno debe tomar esta situación con seriedad e investigar con inteligencia lo que está ocurriendo y cuál es su usina generadora.

Lamentablemente son muchos los antecedentes que el país tiene respecto de cierta gente que, sencillamente, no acepta estar fuera del poder. El gremialista Luis Barrionuevo, por ejemplo, en el acto de unificación de la CGT, acaba de decir que “al movimiento obrero le resultará muy difícil sostener en democracia a este gobierno”. ¿Qué quiso decir con eso? ¿No ameritaría que alguien lo llame a explicarlo?

Se trata de frases públicas muy peligrosas que hacen esfuerzos cotidianos para ir juntando cumulus nimbus en el horizonte. Pero más allá de la irresponsabilidad manifiesta de estos personajes (que sería bueno que la sociedad también mida) el gobierno no puede hacerse el distraído y creer que está jugando una partida de bridge entre caballeros: esto es un tute cabrero con truhanes y la inocencia se puede pagar cara.