En otros países del mundo la discusión electoral prácticamente se basa qué va a hacer cada candidato en materia impositiva. Han llegado a tal nivel de acuerdo en los temas centrales de la sociedad que los enfrentamientos patria/antipatria están completamente superados y lo que los candidatos tratan de hacer conocer es su posición respecto del gasto y de su financiamiento.

La Argentina estuvo –y en mucha medida aún está- en una etapa precivilizada de la institucionalidad y aun discute si un candidato encarna la propia argentinidad y el otro el “extranjerismo” o si algunos tienen el monopolio de lo “nacional” mientras los demás son especies de agentes a sueldo de otros gobiernos.

Se trata, obviamente, de una cultura lamentable, demagógica, antidemocrática y facilitadora de un nacionalismo retrógrado que confunde la bandera con lo que debería ser una cuestión de profesionalismo administrativo.

El nacionalismo le ha hecho un enorme mal al país. Y le ha significado un enorme beneficio personal para quienes, envueltos en los colores celeste y blanco, han engañado a generaciones de inocentes que le entregaron sus dineros en una práctica de tiro al pichón.

La generación de riqueza de un país es una sola por lo que la única pregunta pertinente frente a ese hecho es en cabeza de quién conviene más que esté la mayoría de esos recursos, si de la gente o del gobierno.

Como el país -en otra de sus fatales confusiones- mezcló, en una mixtura mortal, al gobierno, a los gobernantes, al Estado y a la Nación misma, haciendo encarnar todos esos conceptos en cabeza de caudillos oportunistas que se enriquecieron inexplicablemente, los argentinos entregaron la parte del león de sus esfuerzos a estos impresentables que despilfarraron y se robaron esos recursos, bajo el argumento de la Justicia Social, el llamado “mercado interno”, y otras falsedades por el estilo.

Es hora de decir con todas las letras que el fruto del trabajo debe quedar mayoritariamente en el bolsillo de quien lo genera sea por su creatividad, por su inventiva, por su inversión, por su esfuerzo físico o intelectual y debe permanecer lo más alejado posible de los gobernantes.

Está claro, una vez más que éstos insistirán con el verso de la Patria, de la distribución de la riqueza y de la igualdad. Pero esas son mentiras. ¿Qué político que ha dedicado toda su vida a la “función pública” (déjenme ponerlo entre comillas porque dados los resultados, claramente eso está seriamente en duda) y que –teóricamente- no ha hecho otra cosa que cobrar emolumentos del presupuesto público, puede justificar sus casa, sus autos, sus viajes y, en general, su nivel de vida?

Los impuestos deben bajar en la Argentina. La sociedad debe dejar de estar engañada creyendo que contribuye a no sé qué sistema de “solidaridad”. El gobierno de los Kirchner ha llevado la presión tributaria a niveles nunca antes vistos en el país. Y aun así, han impreso tanto dinero que la inflación se disparó a niveles no conocidos desde la década del ochenta.

Esa exacción ha erosionado los bolsillos privados y los ha dejado exhaustos. Pero ese resultado ni siquiera ha sido una victoria para lo que sería un “socialismo” sano y civilizado que habría consistido en igualar las oportunidades de todos. No. Para lo único que sirvió es para generar fortunas inexplicables y una expansión de la pobreza; una pobreza gris y estructural que consiste en mantener a la gente atada a un techo sin oportunidades, sin crecimiento y sin mejora del nivel de vida.

Semejante resultado se explica, claramente, porque el robo del fruto del trabajo privado ha pulverizado la inversión. El hundimiento de ésta ha producido el detenimiento de la generación de empleo genuino y la necesidad de absorber con empleo público improductivo y clientelar la necesidad de darle algo que hacer a la gente.

Al no generarse trabajo la riqueza no se expande (al contrario, se contrae) y al no haber riqueza nueva, la “redistribución” debe hacer imprimiendo billetes lo que hunde a todos en la pobreza general que produce la inflación.

El mejor programa de gobierno para la próxima administración, sea quien sea, es un cronograma de baja gradual de impuestos para que la gente vuelva a tener dinero genuino en el bolsillo (y no producto del inflador de la emisión) para poder derivar esos recursos a la inversión y al consumo racional.

El consumo incentivado artificialmente todos estos años ha sido como una planta que se va en vicio: no es normal y, como toda anormalidad, termina mal.

Tanto el consumo como la inversión debe ser el producto de los márgenes que se obtienen con el trabajo lícito. Y para que esos márgenes se verifiquen es preciso que los impuestos no los confisquen.

Es algo parecido a lo que ocurre con el dólar: hoy en día gran parte de la esperanza que se abre para la Argentina está basada en el hecho de que son los ciudadanos privados los que se han quedado con los dólares; no se los han dado al gobierno/Estado/gobernantes. Quien no tiene dólares hoy es el BCRA, pero la Argentina está llena de dólares esperando un plan creíble para ponerlos a funcionar.

Con los pesos en el futuro debería pasar lo mismo: separada una parte obvia para los gastos comunes, para las jubilaciones, la justicia, el sistema educativo y la defensa nacional, todos los demás recursos deben quedar en los bolsillos de la gente que los generó para que ellos decidan el mejor destino que quieren darles. Seguramente en un país confiable, con un gobierno honesto la gente reinvertirá gran parte de esos dineros para que una nueva vuelta de la rosca económica los multiplique.

Ojalá estemos en la antesala política de subir un escalón en la civilización institucional: salir de la discusión sobre quien representa la “argentinidad” para pasar a discutir quien debe asignar los recursos que producen los que trabajan.