Gallardo una vez más

Si el despido de los jueces pudiera hacerse de un plumazo, el juez Roberto Gallardo, con jurisdicción en la Capital, debería ser eyectado de su cargo sin más trámite.

Uno de los dos únicos requisitos que establece la Constitución para ejercer cargos públicos es la idoneidad. Y el juez Gallardo ha vuelto a confirmar -una vez más, por si hiciera falta-que no es idóneo para ocupar su cargo; ignora los palotes mínimos del Derecho como para sentarse a impartir justicia.

En el caso del reglamento que dictó el ministerio de seguridad para la actuación de las fuerzas federales para enfrentar a los delincuentes, el juez Gallardo ha cometido varios desaguisados como para que pueda seguir ostentando el cargo que ocupa.

En primer lugar, carece completamente de competencia jurisdiccional para emitir fallos que comprendan a fuerzas federales. Su jurisdicción es la Capital y la legislación que impugna lo supera ampliamente.

Pero, en segundo lugar, lo más grave, es que ignora algo que un estudiante de abogacía de primer año no podría repetir sin ser bochado: ningún juez de la República puede manifestarse en abstracto; necesita obligatoriamente estar frente a un caso puntual, concreto y con un daño material acreditado para que su capacidad jurisdiccional pueda ejercerse y eventualmente dictar la inconstitucionalidad de una norma.

La Argentina no tiene, a la manera europea, un Tribunal Constitucional que pueda expedirse sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos aun cuando nadie se lo haya pedido.

En la Argentina se requiere de un CASO concreto, con legitimación suficiente y acreditada para que la Justicia pueda expedirse.

Que Gallardo haya actuado como lo hizo sólo puede obedecer a dos cosas: o bien es un burro desde el punto de vista legal, es decir no sabe cuestiones elementales del Derecho (que, repito, motivarían la reprobación de un estudiante inicial) o es un activista ideológico al servicio de una causa política que utiliza su cargo para cumplir objetivos de esa naturaleza, que no tienen nada que ver con la vigencia de la ley.

Obviamente cualquiera de las dos opciones serían mas que suficiente para echarlo de su cargo inmediatamente.

No es la primera vez que Gallardo hace gala de su ignorancia o de su militancia política. Y ya debería ser hora que su cargo sea puesto en el banquillo de los acusados.

Gallardo no sabe la materia sobre la que debe expedirse o, peor aún, utiliza su sillón para boicotear el sistema que lo sostiene y lo hace posible. Un verdadero mal parido.

Si las instituciones del país no tienen la suficiente libertad, la fortaleza y la idoneidad para preservar la integridad de los jueces y la garantía de los ciudadanos de contar con una Justicia imparcial y no política, el país no podrá funcionar civilizadamente.

Gallardo no puede -y no debe- ser echado de un plumazo y esa es una garantía que él usufructúa para dinamitar la democracia y pavimentar el camino de la servidumbre.