En contradicción

contrato de trabajo

El presidente ha dicho mas de una vez que si hay algo que le quita el sueño es la cantidad de juicios laborales que multiplican una industria insensata.

Si es así, el presidente debería hablar seriamente con su jefe de gabinete Marcos Peña porque éste ha dicho recientemente en un reportaje con el diario La Nación que “el gobierno debe acostumbrarse a gobernar con las leyes que hay” antes de proponer y producir modificaciones. Macri debería decirle a Peña que si eso es así, pues él seguirá sin dormir hasta el fin de los tiempos.

Es una soberana obviedad el hecho de que es la ley lo que formatea el perfil de un país; es la ley la que indica de modo mandatorio cómo las cosas deben hacerse: es más si uno pretendiera hacer las cosas de otro modo estaría violando la ley.

Si la coalición de gobierno se llama “Cambiemos” y dijo que llegaba al poder para cambiar a la Argentina no se alcanza a entender cómo va a lograrlo cuando por otro lado uno de sus más encumbrados funcionarios afirma que el gobierno no va a cambiar las leyes porque debe acostumbrarse a gobernar con las que hay.

Marquitos Peña (según él mismo se llama en su cuenta oficial de Twitter): por si no te diste cuenta aún, las mismas leyes que te han traído hasta el lugar que querés cambiar (según tu propia promesa) te van a seguir llevando al mismo lugar, si no las cambias. Si crees lo contrario, estas loco, según Einstein.

Si a eso se agrega que el presidente confiesa que uno de los principales problemas que él ve en el país es la llamada industria del juicio (y no le falta razón) pues habría que informarle al todopoderoso jefe de gabinete que si no modifica la ley de contrato de trabajo va a seguir condenando a su amigo, el presidente, al insomnio.

Esta ley, además de ser descaradamente inconstitucional en muchos de sus pasajes, promueve la no creación de trabajo y, al mismo tiempo, la industria del juicio.

Los artículos 9 y siguientes, el 23 y el 92 de la ley 20744 y sus modificatorias (que, entre otras cosas establecen “si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido mas favorable al trabajador”) debe ser reformada urgentemente.

Con la consagración de semejante principio se establece a priori una clara desigualdad ante la ley, violatoria del artículo 16 de la Constitución, al mismo tiempo que priva al ciudadano demandado de la garantía del juez imparcial.

Esta ley, mediante la inversión de la carga de la prueba ante la sola alegación de que existe contrato de trabajo, borra, entre otras cosas, de un plumazo, cualquier posibilidad de que una persona demandada como empleadora gane un juicio laboral, promueve la industria del juicio (y a los que viven de ella) y torna obligatorio para el juez darle siempre la razón al que demanda, aun cuando demande cualquier insensatez.

Estas disposiciones siempre fueron injustas, aun hace cincuenta años cuando se sembró su embrión. Hoy lo son mucho más cuando es evidente que los trabajadores modernos no son los esclavos analfabetos del siglo XVIII que describía Marx.

Por lo tanto cualquier reforma laboral que no incluya el tratamiento de estos artículos de la ley de contrato de trabajo será insuficiente, cobarde y no contribuirá a cambiar el horizonte de empleo y de justicia en la Argentina, tal como el gobierno prometió.

Resulta francamente increíble que el jefe de gabinete haya pronunciado aquella frase. Eso y decir que han aceptado con resignación que el perfil social argentino no puede cambiarse es todo uno. Porque, repetimos, el perfil social de un país es el resultado del tipo de ley que ese país tiene.

Si la Argentina tiene industria del juicio es porque la ley la permite y la estimula. Si tiene desempleo es porque la ley impide la creación de puestos de trabajo. Si tiene inflación  es porque el orden jurídico ha creado una estructura estatal imbancable que asfixia con impuestos a la actividad privada (que es la única realmente productiva del país); que evita la inversión y que nos obliga a salir a buscar afuera lo que nos falta para pagar las cuentas.

Nada de todo esto cambiará si no se cambia la ley. El maquillaje y el barrer temporalmente la basura debajo de la alfombra no resolverá el problema.

El presidente debería llamar seriamente a la reflexión a su jefe de gabinete a menos que comparta con él la misma concepción. Y si uno tuviera que inferir en qué lugar se ubica Macri de sus palabras en el informe a la Nación del 1 de marzo (no es “inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso”: el Congreso es un poder independiente que se inaugura solo. Lo que la Constitución le impone al presidente es dar un informe anual frente a las dos cámaras del poder legislativo sobre el “estado de la Nación”, no “inaugurar” las sesiones ordinarias. ¡A ver, por favor, si nos acostumbramos aunque sea a utilizar la teminología de la Constitución y no variantes mediaticas que no están escritas en sus artículos, como la insoportable costumbre de llamar “Parlamento” al “Congreso”!) no parecerían asomar demasiadas esperanzas toda vez que el presidente no le reclamó esa tarea a los legisladores.

Estas son las cosas que le hacen perder plafón de sostén a la coalición de gobierno en su propia base electoral. No se sabe bien que buscan Macri y Peña pero de lo único que podemos estar seguros es que están plagados de contradicciones.