El sinónimo entre gremialismo y delincuencia debe acabar

El viernes pasado una horda sindical paró las operaciones del aeropuerto Jorge Newbery bajo la máscara de una “asamblea gremial”, con lo cual disimulan una huelga que podría verse interrumpida de inmediato por la intervención del ministerio de trabajo.

Unas tres mil personas quedaron en tierra y unos 40 vuelos tuvieron que ser cancelados o reprogramados.

¿Hasta cuando la Justicia argentina va a permitir que estas conductas continúen sin castigo? Los delincuentes sindicalistas se están riendo de nosotros en la cara con la complicidad de los órganos del estado que deberían poner las cosas en su lugar.

Es otro de los ejemplos que pone de manifiesto el triunfo gramsciano en el país: se pueden hacer cosas que están mal porque las instituciones encargadas de confirmar que esas cosas están mal aplicando sanciones, no lo hacen; por lo tanto se ha instaurado en el país la tácita mentalidad de que esas cosas están bien y de que quienes las hacen tienen derecho a hacerlas.

Pues bien: no tienen ningún derecho. Están transgrediendo la ley y la Constitución y para peor lo hacen con un ardid a todas luces burdo que la Justicia, al quedar sin acción alguna, endosa.

No es posible que el país siga si resolver estas nimiedades obvias. Un conjunto de malvivientes no puede paralizar la operación de un aeropuerto, sencillamente porque no puede. No hay que buscar más excusas, ni explicaciones, ni justificativos: lo que ocurrió el viernes (como tantas otras veces) no puede ocurrir porque no puede ocurrir. Es así de sencillo.

Todos los que celebraron esa “asamblea” deberían estar hoy presos a disposición de la Justicia. Los lugares y las horas de trabajo no pueden ser los lugares y las horas para desarrollar “asambleas” gremiales. En todo caso, esas reuniones deben realizarse fuera de las horas de trabajo y en las instalaciones del sindicato o en los lugares que -con sus propios fondos- esas agrupaciones alquilen. Pero hacerlo en las horas de trabajo y en los lugares donde deben desarrollar las tareas no es otra cosa que un paro, sujeto como tal a la intervención de las autoridades para preservar el derecho de miles de clientes que con mucho esfuerzo han pagado, en este caso, un boleto de avión.

La excusa para no trabajar fue esta vez un aludido despido en la empresa Flybondi. Patrañas: todo el mundo sabe que el empleador puede despedir a un empleado con o sin causa de acuerdo a las modalidades  de la ley. ¿O acaso esta gente también pretende arrogarse las atribuciones que corresponden a los dueños de las empresas?

Si la Justicia argentina no empieza a poner claridad de la manera más dura posible todos estos claroscuros de la vida laboral argentina, será imposible trabajar y los sindicatos terminarán siendo unas agrupaciones de sanguijuelas que se van a quedar sin sangre para chupar, por la sencilla razón de que ya no habrá empleadores.

Alguien tiene que asegurar y poner bien en claro, en blanco sobre negro, la vigencia del derecho de propiedad en la Argentina. Esa debería ser una función principalisima de los jueces: restaurar la pompa y el señorío de la propiedad privada en la Argentina que comprende el derecho de despedir gente, hasta defender aquellos que han comprado un servicio o un bien y pagado por ellos.

Mientras el derecho de propiedad siga en la oscuridad en la Argentina y mientras una banda de fascinerosos pueda, mediante la prepotencia y la violencia de la fuerza bruta, poner en retirada a la ley y a la fuerza del derecho, la vida civilizada será imposible en la Argentina y seguiremos como rehenes de las ocurrencias de este conjunto de fachos que cree que el país es de ellos, porque tienen fuerza,la van de guapos y tienen cara de malos.

Ese país de dibujitos animados debe acabar. O para mejor decir debe terminar como terminan los dibujos animados: con el triunfo del bien sobre el mal y de los buenos sobre los malos.

No puede ser que el espectáculo del atropello quede impune y que los barras bravas (que no solo se desempeñan el el fútbol sino que tienen en los sindicatos a un ariete primordial) se salgan con la suya.

Es hora de que los jueces actúen para restaurar el orden de la ley en contra del orden de la fuerza y del cinismo. No puede ocurrir más que la certeza de gente que adquirió un bien o un servicio y que pagó por ellos, se vea secuestrada por una banda de malechores que se escuda bajo las actividades gremiales para disimular sus delitos. Salvo, claro está, que orden jurídico argentino en lo referido a la regulación de los gremios sea, en efecto, un orden pensado ex profeso para la procreación de delitos y la posterior defensa de los delincuentes.

Es lamentable pero en los años que lleva desarrollándose, el gremialismo argentino ha ido pareciéndose cada vez más a la delincuencia. Ese sinónimo debe acabar. Si los gremialistas son delincuentes deben ir presos, no tener un cuerpo legal y judicial que, encima, los proteja.

Y si la ley ha sido el nido donde se incubó la delincuencia de los sindicatos, es hora de que esa ley cambie. Después de todo, lo importante aquí son los ciudadanos, no los sindicatos. Lo importante aquí es la honestidad, no la delincuencia. Lo importante aquí es el derecho de propiedad no la santidad del robo.