El resentimiento debe terminar

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Mientras todo está teñido de pesadumbre en relación a la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes a bordo, empiezan a conocerse las primeras sospechas de que aquí tampoco estuvo ausente la corrupción, el curro y el robo.

Tanto la AGN como la SIGEN observaron hace poco el proceso por el cual se cambiaron la baterías del submarino.

Un cambio que ni siquiera fue tal porque ahora la sociedad sabe que ese material fue reciclado, pero no cambiado por uno nuevo.

También aparece un sugestivo direccionamiento hacia empresas específicas que participaron en la llamada reparación “de media vida”.

Invariablemente la corrupción sigue cobrándose vidas en la Argentina; el robo sigue matando gente.

En este caso gente muy especial, gente olvidada, discriminada, rotulada, corrida a un rincón oscuro y estigmatizada por una ideología malversa que bañó de odio el cerebro de millones desde las propias aulas de las escuelas.

No son lejanas las historias de maestros haciéndoles hacer a sus alumnos trabajos prácticos alrededor del “asesinato” de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería.

¿Qué deberían hacer ahora esas poleas de odio sabiendo que el artesano simpatizante del RAM murió ahogado solo, sin que nadie lo tocara?¿ Dedicarán ahora horas de clase para explicarles que les mintieron?

¿Habrá clases especiales para trasmitirle a los alumnos como es la vida de los submarinistas? ¿Se les explicará que viven raleados, sin presupuesto, casi en la pobreza… Que pese a eso no hacen paros, ni manifestaciones, no cortan las calles, ni vociferan sus reclamos?

Cuando ocurren desgracias como ésta uno toma dimensión de lo injusta que es la Argentina; de lo presa que estuvo de la furia y de la rabia unilateral y de cómo esas pasiones bajas la dirigieron hacia las más profundas inequidades, hacía una notoria falta de ecuanimidad.

Esos prejuicios no fueron neutros. Tuvieron un incontrastable reflejo en los presupuestos, en la consideración pública de los hombres de armas y hasta en el congelamiento de procedimientos que siguieron anclados a los tiempos de los dinosaurios.

Resulta francamente increíble que porque el protocolo indica que deben pasar 48 horas entre las comunicaciones de la base y un submarino, nadie haya pensado con sentido común y hubiera intentado un enlace continuo desde que se reportó el incidente.

Tampoco se entiende cómo el ARA San Juan no fue ordenado de regresar de inmediato y cómo no se dispuso de una flota de “espera”

para eventualmente recibirlo y acompañarlo: es como si los propios militares hubieran perdido el valor de la autoestima y consideraran que su rol, su vida y sus equipos no merecen siquiera su propia atención. Si así fuera, ésa sería una medida inédita de hasta dónde caló el discurso de odio y de repugna por el personal militar.

Todo esto debe ser cambiado urgentemente. La sociedad debe recuperar el respeto por sus Fuerzas Armadas. Lo que ocurrió no puede ocurrir más, al menos como producto de la desidia que deriva de la blasfemia.

Según parece el presidente tiene decidido ese cambio. Lo hará de modo gradual, como hace todo.

Comenzará por reemplazar a los jefes de las tres armas (cambio que tenía decidido antes de lo del San Juan y que algunos especulan que algo tuvo que ver en lo que terminó ocurriendo) y a construir una organización nueva a partir del Jefe del Estado Mayor conjunto que permanecerá en el cargo y que será la figura central de una estructura que replique el modelo norteamericano.

Necesariamente el presupuesto dedicado a defensa se incrementará y, al mismo tiempo, deberán definirse con precisión las tareas y las responsabilidades de las armas.

No hay dudas que la renovación debe alcanzar a la Prefectura y a la Gendarmería y que éstas deben poner en orden la integridad indisputable del territorio nacional continental. El gobierno no sólo debe respaldar ese accionar sino que debe planearlo, coordinarlo y hacerle saber a todo aquel que esté dispuesto a desafiarlo que será barrido por la fuerza y, si es necesario, con el uso de armas. Ese es el poder delegado de monopolio de uso de la fuerza que la sociedad le hace al Estado. Éste casi no tendría razón de ser sin ese poder.

Por eso, desde el vamos, debe quedar claro que lo que ocurrió con el mapuche muerto por la Prefectura en la zona del lago Mascardi el sábado , continuará sucediendo en la medida en que este conjunto de delincuentes siga manifestando su voluntad de ocupar ilegalmente porciones del territorio nacional argentino. Al respecto no debe caber ninguna duda, ni debe haber espacio -por mínimo que sea- para el ejercicio de la corrección política y, mucho menos, para la ideologización subversiva de la cuestión. Debe quedar claro que el Estado será implacable en el mantenimiento de la unidad territorial y en la aplicación del orden jurídico argentino en todo el territorio nacional.

Sin esas decisiones claramente expuestas y explicadas a la sociedad ésta seguirá siendo presa fácil de los discursos divisores y cargados de rencor.

El gobierno le debe notificar al país que la Argentina ya está cansada de los profetas de la bronca. Aquí debe regir la ley y cada uno cumplir un rol digno y respetado por los demás en la cotidiana construcción de una República en donde todos podamos vivir en paz, sin más resentimientos.