El protocolo de antipiquetes

PIQUETERO3

El gobierno dio a conocer a través del ministerio de seguridad las líneas generales de un protoloco antipiquetes que informa sobre los pasos que deben cumplirse para el caso de que protestas callejeras programas o espontáneas corten el normal fluido del tránsito en rutas o calles del país.

Se trata de un tema que la Argentina nunca ha podido resolver. Una mezcla de estupidez, ineficiencia, ideologismo, confusión conceptual y falta de profesionalismo ha terminado produciendo una sugestiva parálisis de los organismos del Estado toda vez que se presenta uno de estos casos.

Obviamente el resultado final es el perjuicio que se le causa a la gente que tiene que trabajar, que tiene que trasladarse o que incluso necesita las vías de tránsito en estado de normalidad para poder atender casos médicos, por ejemplo.

En efecto, hay varios antecedentes de casos de gente que ha muerto en ambulancias porque no pudieron llegar a atenderse debido a los cortes de calles o rutas y a la inflexibilidad de los manifestantes. ¿Llevará alguno de ellos en su conciencia el cargo por haber matado a una persona? Lo dudo.

Pero la sugestiva inacción estatal frente a este fenómeno responde a varias razones. En primer lugar hace años -y en la década ganada esta circunstancia no ha hecho otra cosa que empeorar- que en la Argentina todo el mundo se cree con derecho a todo. Nadie tiene obligaciones; solo derechos. Es el verso populista que venden los que quieren acabar justamente con todos los derechos: finalmente cuando todos tienen derecho a todo y nadie está obligado a nada, nadie tiene derecho a nada. Aquellos múltiples “derechos” entran en una suerte de neutralización multidireccional de la cual resulta que el ejercicio de unos anula el ejercicio de otros, de todo lo cual sale beneficiado el déspota.

En segundo lugar la llamada “progresía intelectual” ha concebido y vendido el concepto de la “criminalización de la protesta” como si bajo ese cliché pudiera convertirse en lícito el delito. Está claro que, en muchos casos, más que criminalizar la protesta, se “protestiza el crimen” y se echa mano a la excusa social para cometer delitos (como pueden ser los atentados a la propiedad pública y privada, los destrozos y hasta los robos)

En tercer lugar ha habido una manifiesta desidia del Estado en preparar fuerzas de elite profesionales para enfrentar el fenómeno de modo que el derecho a protestar pueda ejercerse al mismo tiempo que otros ciudadanos ejercen el de circular. El Estado ha preferido tener de rehén a la gente que de a uno no puede hacer nada para ponerse tácitamente de lado de los que, por ser muchos, pueden amenazar a los individuos con ejercer la fuerza y eventualmente lastimarlos.

En la Argentina se ha llegado al punto en que las que son teóricamente “las fuerzas del orden” no pueden actuar frente a grupos violentos que se plantan en la calle con palos y la cara encapuchada. ¡Dónde se ha visto eso! ¡¿Cómo es posible que un conjunto de marginales que necesitan esconderse para evadir la ley no pueda recibir el trato que merecería cualquier ciudadano en circunstancias parecidas!? ¿O acaso es concebible que yo me tape la cara con una capucha y blandiendo un basto amenace al policía que no me deja estacionar donde se me antoja, bajo el argumento de que tengo derecho a todo? ¿Y entonces por qué si esto no solo no se permite, sino que sería impensable, sí se lo autoriza cuando la cosa se hace en “banda”?

A su vez este último punto tiene varios costados que lo explican. El Estado nunca se preocupó por conformar una fuerza profesional capacitada, instruida y físicamente apta para solucionar conflictos de esta clase. Hola la conformación de las fuerzas de seguridad deja muchísimo que desear.

Por empezar para integrar una fuerza de defensa del orden público como es la policía, la gendarmería o la prefectura deberían reunirse ciertas condiciones físicas indispensables: una altura determinada, un peso determinado y un mantenimiento atlético determinado.

Sin embargo, dentro del mismo socialismo populista en que caprichosamente se ha enfrascado el país hace años, todas estas exigencias son vistas como “discriminatorias” y se parte del principio de que la igualdad que establece el artículo 16 de la Constitución significa que cualquiera puede ser cualquier cosa (desde policía hasta astronauta) y que cualquier actitud o reglamento que lo impida o lo restrinja debe ser automáticamente reputado como estigmatizante e inconstitucional. Un verso fenomenal.

Tratar con activistas y con gente dispuesta a generar desorden para obtener lo que el dicho llama “ganancia de pescador” no es una cuestión para cualquiera. La mayoría de los manifestantes son gente inocente probablemente con necesidades reales, pero los cabecillas son gente con intereses políticos claros y con intenciones que no podrían calificarse de “inocentes”. Están dispuestos a todo.

En 1913, Lenin escribió su famoso “Decálogo revolucionario” que decía así: 

1. Corrompa a la juventud y dénle libertad sexual.

2. Infiltre y después controle todos los medios de comunicación de masas

3. Divida a la población en grupos antagónicos, incitando las discusiones sobre asuntos sociales.

4. Destruya la confianza del pueblo en sus líderes.

5. Hable siempre sobre Democracia y Estado de Derecho, pero, en cuanto se presente la oportunidad, asuma el Poder sin ningún escrúpulo.

6. Colabore con el vaciamiento de los dineros públicos; desacredite la imagen del País, especialmente en el exterior y provoque el pánico y el desasosiego en la población por medio de la inflación.

7. Promueva huelgas, aunque sean ilegales, en las industrias vitales del país.

8. Promueva disturbios y contribuya para que las autoridades constituidas las repriman. Necesitamos un muerto.

9. Contribuya a destruir los valores morales, la honestidad y la creencia en las promesas de los gobernantes. Nuestros parlamentarios infiltrados en los partidos democráticos deben acusar a los no comunistas, obligándolos, so pena de exponerlos al ridículo, a votar solamente lo que sea de interés de la causa socialista.

10. Registre a todos aquellos que posean armas de fuego, para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa.

Más allá de que su lectura resulta muy interesante en la Argentina reciente, a los efectos de esta columna, es muy sugestivo el punto 8 de las sugerencias leninistas. Allí se estimula a promover disturbios para que las autoridades los repriman… “necesitamos un muerto”, dice Lenin.

Por lo tanto, las fuerzas que enfrenten estos fenómenos para que el resto de la ciudadanía pueda ejercer sus derechos libremente, deben ser hombres especiales, muy bien preparados, con conocimiento de la ley, pero también de las artes que se requieren para ejercer la fuerza justa. Cualquier elemento que salga mal le dará la razón a Lenin: “necesitamos un muerto…”

Ojalá este protocolo sea el comienzo de la profesionalización de fuerzas especiales (que por otra parte existen en todos los países democráticos del mundo) que puedan lograr por primera vez que los derechos puedan ser ejercidos por todos sus titulares y no solo por los que se escudan bajo el número amorfo de las muchedumbres.