El procesamiento de Daniel Santoro

El procesamiento del periodista Daniel Santoro a manos del juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla (alias “Parrilla”, para los miembros de la banda) es un hecho tan dramático como peligroso.

El juez ha puesto en peligro la mismísima tarea de la profesión: averiguar, indagar, preguntar, investigar e informar.

Dijo que por hacer todo eso, Santoro había extorsionado a otros ciudadanos en conjunción con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Santoro declaró y puso a disposición del juzgado todas sus fuentes (algo que está protegido por la propia Constitución) y aun así fue procesado. El hecho fue festejado por la vanguardia kirchnerista que se propone levantar en la causa de Dolores un pilote que derribe la causa de los cuadernos que en Comodoro Py lleva el juez Bonadio y que en dos de sus tramos ya fue elevada a juicio oral.

Se trató del famoso operativo “puf, puf” que tenía como objetivo borrar a Stornelli y Bonadio de la causa por el desvío de fondos de la obra pública en bolsos de trasegaban Baratta, Muñoz, Manzanares y que tenían como destino final los domicilios de los Kirchner, de sus familiares o las propias dependencias oficiales de la Quinta de los Presidentes.

Además, ahora, el juez sugiere que Santoro se proponía “dirigir” con fines ideológicos o políticos su “investigación” -en algo que llamó “acción psicológica”- para inculpar a funcionarios kirchneristas. Es llevar a las hojas romaní de los juzgados la cantinela que enarbolan la jefa de la Banda, Cristina Fernández, y su usina jurídica, el ex juez de los prostíbulos, Eugenio Zaffaroni.

En efecto, ambos, desde hace rato, intentan voltear las más de 60 causas judiciales que enfrentan miembros de la asociación ilícita que gobernó el país entre 2003 y 2015, en base a la llamada teoría del “lawfare”, es decir intentar convencer a la opinión pública que todo se trata de un armado para perjudicarlos.

En la resolución de 360 páginas, Ramos Padilla, un juez que fue abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, dispuso una medida de prueba inédita: ordenar a la Comisión Provincial de la Memoria -que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel- que investigue si las notas de Santoro fueron medidas de “acción psicológica” que violan la ley de Inteligencia 25.520.

Se trata de un hecho gravísimo que anticipa cómo entienden, no solo la justicia y el periodismo estos personajes, sino la mismísima vida. Se trata de una violación de las garantías constitucionales porque de ese modo se pretende juzgar, de acuerdo a sus ideas, prejuicios y preconceptos, lo que alguien informó, con lo que entramos en un tipo de derecho penal que aplican los sistemas autoritarios.

El caso de Santoro es un leading case para el kirchnerismo. Ramos Padilla es un ariete, un mascarón de proa que inicia la perforación. Metiéndose en la tarea de un periodista, el juez (y por su puesto Fernández, Zaffaroni y toda la runfla de delincuentes que intenta zafar del robo más astronómico de que se tenga memoria en el país) inicia un camino sórdido en donde la mismísima opinión puede ser considerada un delito y una conducta eventualmente oponible a un tribunal “popular” encabezado por Pérez Esquivel, Hebe de Bonafini o Estela de Carlotto.

Estas imágenes ya cobraron visos de realidad como parodia burda en las plazas de la República, donde la biliosa presidente de las “Madres” encabezó “juicios populares” a los periodistas que ellos elegían mismos de acuerdo a sus furias y a sus rencores y cuyas gigantografías eran escupidas y vandalizadas hasta por criaturas de pocos años que iban allí llevadas por padres carcomidos por el veneno de la corrosiva poción del resentimiento.

Esta es la caja de pandora que abrió Ramos Padilla. Un juez al que definitivamente se le cayó la careta partidaria. El juez no aceptó ninguna de las 20 medidas de pruebas que solicitó Santoro en su defensa pero ordenó “evacuar las citas del propio imputado, quien en su declaración indagatoria manifestó que con D’Alessio lo unía un vínculo estrictamente periodístico, que nunca publicó información proveniente de él de forma directa y que había sido su fuente en muy pocas ocasiones”. Las notas de Santoro sobre el empresario K, Mario Cifuentes, y el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat están basadas en hechos comprobables.

Si esta tesitura se impone en la Argentina, la libertad de prensa y hasta la mismísima libertad d expresión quedarán extinguidas. Es lo que, desde siempre, se impuso como norte insoslayable el kirchnerismo: dividir a la prensa entre esclava y enemiga. Sin dudas otra de los costados definitorios de las dictaduras y de los fascismos populistas.

Dios nos salve de esta peste, por favor. Ya nada será igual si el fascismo delincuencial vuelve a gobernar la Argentina.