El fallo de la Cámara

El fallo de la Cámara Federal, que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández y otra serie de acusados por el fallo del Juez Bonadío, contiene conceptos durísimos sobre el tipo de gobierno que la Argentina tuvo durante la gestión kirchnerista. La Cámara lo describe como un antro de corrupción enquistado en el corazón del gobierno.

Los jueces dan por probados más de un centenar de hechos de corrupción por más de U$S 180 millones con una participación directa de la ex presidente en al menos 27 de ellos. También considera acreditado el hecho de que el destino de los bolsos y valijas con dinero eran la Quinta Presidencial de Olivos y el departamento de propiedad del matrimonio presidencial en la calle Juncal esquina Uruguay de ésta Capital.

El fiscal de primera instancia que instruyó la investigación, Carlos Stornelli, entiende que este caso -basado en los famosos cuadernos escritos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, que describió con lujo de detalle el itinerario de los bolsos con dinero- es tan solo la punta del iceberg de una matriz de corrupción que es muchísimo más amplia y que abarca no solo los negociados con la obra pública sino con una serie de actividades con las cuales el gobierno negociaba utilizando para ello el poder del Estado.

El fallo de la Cámara, que encuadra el caso en la figura de la asociación ilícita, distingue las conductas punibles de los funcionarios del gobierno de varios de los empresarios que aparecían involucrados en las investigaciones del juez Bonadio. Salvo los casos de Carlos Wagner y Ernesto Clarens, a quienes incluyó dentro de la estructura piramidal de la banda criminal comandada por Néstor y Cristina Kirchner, a los demás los consideró incursos en el delito de cohecho, pero sin formar parte de la asociación delictiva.

Se trata de una distinción importante porque en gran medida lo que la Cámara está diciendo es que un conjunto de funcionarios, usufructuando el poder del Estado conminó a un conjunto de ciudadanos a entregar dineros, a cambio no solo de la concesión de obras sino, en muchos casos del mantenimiento de la propiedad de sus compañías.

Obviamente, frente a estos párrafos, uno no puede dejar de recordar las palabras del entonces ministro de economía Axel Kicillof cuando dijo que ellos tenían, de proponérselo, las herramientas para fundir a Paolo Rocca y a su empresa Techint. Estas investigaciones corroboradas ahora por la Cámara vienen a darle entendimiento completo a aquellas palabras, si es que aún hiciera falta.

El fallo también confirma los procesamientos de De Vido, Baratta y José López como integrantes directos de la banda de delincuentes que, según los propios jueces, sustrajo dineros del Estado que luego faltaron para la provisión de cloacas, agua corriente, salud, educación, jubilados y para mejorar la condición del pueblo.

Se trata sin dudas de un juicio de valor profundo sobre el corazón hipócrita de una trama con protagonistas que se llenaban la boca hablando del “pueblo” pero que a la hora de los hechos, solo les interesaba el fruto del robo, aunque eso mismo condenara a millones a la miseria.

Es, sin dudas, para la interpretación política y sociológica de lo decidido, el corazón del fallo: la comprobación repugnante de que un conjunto de ladrones defecándose en las necesidades de aquellos a quienes explotaban, solo perseguían la meta de convertirse en híper millonarios robándole el dinero a la gente.

Esta conclusión se agiganta cuando uno tiene la percepción de que la llegada de este conjunto de mafiosos a los sillones del Estado fue un paso más de su camino criminal. Es decir, no se convirtieron en delincuentes porque una vez en el Estado vieron la posibilidad de utilizar sus estructuras para enriquecerse, sino que eran delincuentes antes y que planearon el copamiento del gobierno utilizando un disfraz político que les permitió acceder a las llaves de un botín interminable al que jamás hubieran accedido si se hubieran mantenido en la actividad delictiva “privada”.

Solo las arcas insondables del Estado le darían acceso a semejantes fortunas. Conscientes de ello, se disfrazaron de políticos para llegar al gobierno y desde allí robar magnitudes de dinero inimaginables para los ladrones comunes.

Muchos de los caminos que se utilizaron para materializar este desfalco han sido burdos. Austral Construcciones, la empresa que Néstor Kirchner le hizo conformar al hasta ese momento oscuro cajero bancario Lazaro Baez, apenas doce días después de asumir la presidencia, es una muestra definitiva del comienzo de ese mecanismo. La cadena de hoteles vacíos pero con “ocupación completa” fue otra de las burdeces que conformaban el mecanismo de egreso de fondos.

El increíble nivel de vida de todos y cada uno de los involucrados, incompatible desde ya, con una vida teóricamente dedicada a la función pública, es otro de los elementos incontrastables que hasta haría prescindir de varias evidencias y probanzas complicadas: todos estos mafiosos deberían estar probando ante la Justicia cómo tienen los patrimonios que tienen, antes de que la Justicia tuviera que estar probando sus fechorías.

Resulta francamente triste que la protagonista principal de esta banda, su jefa, este rodeada de la protección legal que le brindan los fueros. Y no solo eso. Es una especie de paradoja increíble que esta señora vuelva a ser una opción política para muchos argentinos que, no conformes con las vejaciones a las que los sometió, estarían dispuestos a dejarse abusar nuevamente.

Se trata de una conclusión que invita a pensar muy bien frente a qué tipo de sociedad estamos. La señora Fernández es conocida por esparcir el odio, el resentimiento, la envidia, el rencor, la insidia, la indirecta ácida y los comentarios sarcásticos como forma de ganarse el favor popular. El drama es que lo consiga. Porque si lo hace habrá que concluir que una mayoría social decisiva comparte esas finalidades disvaliosas de la vida, en las cuales ningún país bien parido puede apoyarse.

Resulta también frustrante que la performance económica del gobierno actual no haya sido capaz de convencer de que las cosas pueden hacerse de otro modo. La tarea iba a resultar muy difícil por el nivel de deterioro que semejantes niveles de delito habían infligido al país. E iba a ser muy difícil aun cuando todo se hiciera bien. Lamentablemente el gobierno perdió la oportunidad de explicarlo. Y luego, subestimando la verdadera condición en la que el país se encontraba, cometió errores increíbles que se confabularon para que los delincuentes siguieran respirando.

Parece mentira que el país enfrente un nuevo año electoral con una disyuntiva que lo enfrenta a la impericia o al defalco. Pero muchas veces cuando los pensamientos pequeños ganan las batallas en las internas políticas es la sociedad la que, como siempre, termina pagando los costos de la pusilanimidad.