El aval a un sistema

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Los bochornosos episodios que rodearon ayer la infructuosa detención de Hebe de Bonafini envían una señal mucho más profunda y extensa que el mero montaje de una escenificación política.

Si uno bien advierte lo que ocurrió ayer se dará cuenta que la malla de protección física a esta señora se la dio un seleccionado premium de lo que podríamos llamar la nomenklatura burocrática de lo que fue el Estado kirchnerista.

En efecto, allí estaban Boudou, Zannini, Rossi, Kicillof, Larroque, Parrilli, D’Elía, Parodi, Garré, Maximo Kirchner, Recalde, Ferraressi, y otros que, como ellos, integraban la elite gobernante que se adueñó de las estructuras públicas durante más de una década.

La concepción de vida que esta gente quiere imponer a la sociedad es, efectivamente, un sistema en donde ellos sean manifiestamente desiguales a los demás y en donde también ellos sean depositarios y dueños de unas prerrogativas que, por supuesto, le niegan al resto de la gente a la cual someten a su arbitrarias decisiones.

Como en el esquema de vida social que ellos tienen en la cabeza no entra el concepto de poder dividido, sino que, al contrario, defienden una concepción de poder absoluto -en donde ellos legislan, juzgan y ejecutan- creen que todo el mundo se maneja igual que ellos por lo que, en la situación actual, suponen que Macri es el que ordenó la detención de Bonafini.

Por eso lo que ocurrió ayer es patéticamente representativo de un sistema, de una concepción, de una manera de concebir la vida en sociedad que debería ser tomado muy en cuenta por todos nosotros para saber qué defendemos cuando defendemos algo.

Si hay gente común, de buena fe, que tiene simpatía por Bonafini y los portadores de prontuarios que la defendieron ayer, esa gente debería saber que esos personajes actúan en su propia defensa y persiguiendo la imposición –por el medio que sea- de un sistema que los coloque a ellos por encima de la ley y que los exima de las responsabilidades a que está sometida el resto de la ciudadanía.

Por eso es difícil de entender que gente común, desinteresada, a la que realmente le importe la vigencia de un sistema que haga que la vida sea más justa, defienda a estos impresentables que solo buscan construir un orden jurídico propio y distinto del general, según el cual ellos pasan a convertirse en una especie de nobleza del siglo XVI con prerrogativas y privilegios que le están completamente vedadas al pueblo.

Es, justamente la contracara del contenido del mensaje que esta gente hace público: en lugar de defender un sistema igualitario ante la ley, buscan someter a sus rigores a todos los que no piensan como ellos, mientras ellos viven y acceden a goces y placeres completamente inalcanzables para el resto.

El patetismo de la contradicción es tan grande que llega incluso a que uno tenga que aguantar al ignorante de Kicillof hablar de “saqueo” como si esa fuera una palabra que este conjunto de ladrones a máxima escala tuviera permitido siquiera pronunciar, después del devastador vaciamiento que han hecho del Estado.

La sociedad debería estar muy atenta a estos episodios para no dejarse engañar: este es un conjunto de malvivientes que persigue el acceso al poder de una asociación ilícita armada para robar y para ponerse a sí misma por encima de los alcances del orden jurídico y por encima –claro está- de aquellos zombies que los defienden.

Concretamente a Hebe de Bonafini se le están pidiendo explicaciones desde hace por lo menos cinco años acerca del destino de aproximadamente 1000 millones de pesos que sus organizaciones “Sueños Compartidos” y “Universidad Madres de Plaza de Mayo” recibieron de Cristina Elizabet Fernandez. Ese dinero es dinero de todos nosotros que desapareció. Encima de la “Universidad” nos tuvimos que hacer cargo todos cuando la misma nomenklatura decidió enchufarnos el clavo de mantenerla por vía de su estatización.

¿Cómo puede ser que haya gente que pasa necesidades, que el dinero no le alcanza, que defienda a esta caterva de truhanes que lo único que quiere es seguir usufructuando el tesoro público y, a la vez, ponerse jurídicamente por encima de esa misma gente que los defiende?

Esos argentinos deberían revisar muy bien lo que tienen delante de sus ojos. Salvo que tengan una incomprensible vocación por la estupidez, deberían advertir rápidamente cómo esta manga de innombrables los usa inescrupulosamente solo para defenderse entre ellos y para elevarse a sí mismos a una categoría social superior incompatible con el ideal de igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución.

Si parte de la sociedad ha decidido ser tan obtusa como para aceptar que estas cosas pasen, la pregunta que debería contestarse es cuántos son. Porque si son mayoría el país no tiene otro destino que no sea la dictadura autoritaria y la involución de cuatro siglos de progreso del Derecho.