Dos sobre la Justicia

fiscal-marijuan

Hace un par de días aparecieron en los medios periodísticos grabaciones de conversaciones privadas del fiscal Guillermo Marijuan en donde vertía opiniones sobre Lázaro Báez y la causa de lavado de dinero que se sustancia en el juzgado de Sebastián Casanello.

Marijuan sostiene que su teléfono fue “chupado” por personas interesadas en separarlo de la causa para que la acusación pase a la fiscalía N° 10 a cargo de una fiscal de Justicia Legítima.

En paralelo a estas declaraciones, en el programa del periodista Gustavo Sylvestre que se emite por C5N, el abogado de Báez, Maximiliano Rusconi, ya ensayaba, precisamente, la avanzada de la táctica que Marijuan presumía. Rusconi decía que el fiscal había perdido toda objetividad y que por tal razón debía ser recusado.

La verdad resulta increíble que un abogado de la matrícula se anime a decir semejante cosa. Marijuan es la figura acusatoria del proceso penal. Es quien debe tratar de reunir toda la prueba que pueda para incriminar al imputado y convencer al juez para que lo procese y eleve su causa a juicio oral.

El deber procesal de Marijuan ES ser parcial; no debe ser imparcial, no debe ser objetivo: debe ser lo que su función le obliga a ser; un perseguidor implacable del acusado que trate de llevarlo a prisión cuando las pruebas lo convenzan de que ese debe ser su destino.

El proceso tiene otro personaje parcial: el defensor. Obviamente el abogado del imputado podrá tener todas las declaraciones que quiera a favor de su defendido y aun así, nadie, en su sano juicio, podrá acusarlo de haber perdido la objetividad.

Un fiscal no es un juez, que sí debe cuidarse y abstenerse de adelantar un criterio respecto de las personas sobre quienes deberá fallar. Un fiscal es el acusador del imputado y el “defensor” de la sociedad, porque busca que el daño que el victimario le provocó al conjunto social sea reparado y el responsable reciba su castigo. El abogado es el defensor del imputado y el “fiscal” de la sociedad porque de alguna manera busca que el acusado salga libre y la sociedad no vea restaurado su perjuicio o, en todo caso, que deba buscar a otro culpable.

Uno y otro rol exigen la parcialidad; es una condición necesaria del papel que el proceso penal les asigna. A ver si queda claro: Marijuan podría salir a plena luz del día, a la plaza del Obelisco, con un cartel inmenso encima de su cabeza que diga “Cárcel para Báez” y nadie podría decirle nada porque se supone que meter preso a Báez es lo que Marijuan no solo ESTÁ persiguiendo sino lo que DEBE perseguir. Estaría incumpliendo sus funciones si no lo hiciera.

Lo que vimos, entonces, fue, además de una operación sucia, una lisa y llana burrada llevada adelante por aficionados y mediatizada por un abogado como Rusconi que debería volver a los libros, por un canal al servicio de la mentira y por un periodista que debería honrar de otra manera la profesión.

En otro caso que toca la cuestión de la Justicia, el gobierno decidió suspender el tratamiento de su proyecto de reforma a la ley del Ministerio Público, luego de la presentación que hiciera Elisa Carrió.

El proyecto escondía, detrás de una serie de reformas positivas, el objetivo de sacar de su cargo  Alejandra Gils Carbó mediante la treta de convertir el cargo de Procurador General en uno que dure cinco años (con posibilidad de renovación a cinco más) y terminar con la duración vitalicia que tiene hasta ahora. El proyecto establecía una regla de retroactividad de modo que la actual procuradora quede incluida en sus alcances para que sus funciones terminaran dentro de un año.

La líder de la Coalición Cívica e integrante de Cambiemos planteó su desacuerdo con esa estrategia previendo que la ley sería fácilmente atacable por inconstitucional, lo cual obligaría al gobierno a una nueva marcha atrás con lo que evidenciaría desorganización y cierta “cultura” kirchnerista para intentar lograr por la fuerza de los números lo que la ley prohíbe expresamente.

En efecto, la Argentina vivió más de una década bajo el formato de ese patoterismo que intentó (y en muchos casos logró) llevarse todo por delante, porque “a ellos les daban los números” y “ellos eran la encarnación de la voluntad del pueblo” más allá de lo que dijeran las “formalidades burguesas”.

Muy bien, se supone que Cambiemos vino, entre otras cosas, a terminar con todo ese “revolucionismo” estúpido (que no hizo otra cosa que arrojarnos a los márgenes del mundo) y a restaurar el valor de las instituciones.

Gils Carbo es una plaga. Nadie duda de eso. Desde su lugar de privilegio y parapetada detrás de las instituciones que busca demoler, digita los procesos para defender a kirchneristas o para impedir que estos sean perseguidos por la ley. Pero eso no nos autoriza a retorcer los procedimientos para echarla. Porque eso es precisamente lo que haría (y lo que hace) ella.

Entonces hay que elevar su caso al Consejo de la Magistratura y removerla de un lugar que jamás debió ocupar, como corresponde. Entre otras cosas para que no queden dudas de que quien la echó no fue un gobierno sino el pueblo, cansado como está de que en su nombre se defienda a ladrones y a privilegiados.